Bajo sospecha de pagos ilegales: Concejo Municipal define nuevas patentes de alcohol y revisa 9 renovaciones cuestionadas.
La jornada municipal se realiza en medio de la causa penal RUC 2501864939-2, originada por una denuncia que menciona a concejales y sostiene que en este proceso ya se habrían realizado dos pagos. En tabla aparecen 12 asuntos de alcoholes: dos patentes nuevas, un cambio de domicilio y nueve casos de renovación/revisión para el primer semestre de 2026.
Este miércoles 25 de febrero de 2026 no será una jornada rutinaria para el Concejo Municipal de Calama. En una mañana marcada por dos sesiones extraordinarias, los concejales deberán resolver una tabla sensible: nuevas solicitudes de patentes de alcohol, un cambio de domicilio de patente vigente y una serie de renovaciones cuestionadas que regresan a discusión mediante recursos de reposición. Todo esto ocurre mientras sigue pesando sobre el proceso una denuncia penal por presuntos cobros ilegales vinculados a la tramitación y renovación de patentes de alcohol, causa que se encuentra identificada con el RUC 2501864939-2.
La tensión institucional no proviene solo de la cantidad de casos en tabla, sino del contexto en que se votan. La denuncia conocida públicamente apunta a una presunta red de intermediación y menciona a algunos concejales, instalando una acusación de alto impacto político: que para este mismo proceso ya se habrían concretado dos pagos. Se trata de una afirmación grave que debe ser investigada por el Ministerio Público bajo el principio de presunción de inocencia, pero que al mismo tiempo eleva el estándar de exigencia pública sobre el Concejo. En este escenario, cada intervención, cada fundamento y cada voto será observado con atención.
De acuerdo con las citaciones revisadas, la discusión sobre alcoholes se distribuye en dos sesiones extraordinarias convocadas para este miércoles en el Salón de Honor de la Municipalidad. La primera sesión fue fijada para las 08:45 horas y contempla el análisis de casos de alcoholes remitidos por la Dirección de Finanzas, además de varios recursos de reposición asociados a rechazos de renovación de patentes para el primer semestre de 2026. La segunda sesión, convocada para las 11:30 horas, incorpora otro caso de renovación de patente de alcohol, ampliando la revisión durante la mañana.
En la parte de nuevas solicitudes y movimientos de patentes, la tabla muestra tres casos concretos. El primero corresponde a Hernán Castro Navarro, mediante Memo 1389, quien solicita una patente nueva de alcohol con giro "restaurante diurno y nocturno de alcohol". El segundo caso corresponde a Marco Lehner Vargas, mediante Memo 015, por cambio de domicilio de patente de alcohol con giro "cabaret", trasladando el funcionamiento a calle Latorre N° 2057-A. El tercer caso es el de Cristian Mancilla Medina, mediante Memo 063, quien solicita patente nueva de alcohol con giro "salones de música en vivo".
Estos tres movimientos dos ingresos nuevos al sistema y un traslado de domicilio adquieren una relevancia especial en el contexto actual. No porque exista una condena o una resolución penal definitiva, sino porque cualquier decisión que adopte el Concejo sobre patentes de alcohol en esta etapa será leída a la luz de una denuncia que cuestiona precisamente la integridad del proceso. En otras palabras, la discusión dejó de ser solo administrativa: hoy también es una prueba de transparencia institucional.
La parte más amplia de la tabla corresponde a recursos de reposición presentados por contribuyentes cuyos procesos de renovación de patente de alcohol fueron rechazados para el primer semestre de 2026. En la primera sesión extraordinaria aparecen los casos de Marco Cruz Tinte (Memo 183), Sociedad Empresarial Suárez López SpA (Memo 184), Pedro Rivera Ramos (Memo 186), Vianca Vaca Mendoza (Memo 187), Sociedad Contractual Piscis Ltda. (Memo 188), Orlando León Luza (Memo 190), Rossman Achurra Muñoz (Memo 191) y David Guaman Covarrubias (Memo 192). Todos ellos ingresan nuevamente al debate del Concejo por la vía de reposición, lo que obliga a revisar antecedentes, criterios aplicados y fundamentos de las decisiones adoptadas previamente.
A ese bloque se suma, ya en la segunda sesión extraordinaria, el caso de Johny Arias Muñoz, identificado en tabla con Memo 051, presentado para resolver renovación de patente de alcohol correspondiente al primer semestre de 2026. Con ello, la jornada completa reúne 12 asuntos vinculados a alcoholes: dos solicitudes de patentes nuevas, un cambio de domicilio de patente y nueve casos de renovación o revisión, entre recursos de reposición y renovación pendiente de resolución.
La tabla incompleta.
El detalle de los casos conocidos a partir de las citaciones permite identificar a los contribuyentes, el tipo de trámite, los memos involucrados y, en un caso, la dirección del local. Sin embargo, las piezas revisadas no exponen de manera completa el nombre comercial de todos los locales, ni la totalidad de los domicilios, ni el contenido técnico de cada expediente. Es decir, la tabla permite dimensionar el volumen y la naturaleza de las decisiones que se votan, pero no muestra por sí sola todo el trasfondo documental que explica por qué un caso fue rechazado, repuesto, trasladado o sometido nuevamente a revisión.
Esa falta de detalle visible en la tabla pública vuelve más relevante la forma en que se conduzca la sesión. En una jornada atravesada por sospechas, la expectativa institucional mínima es que las decisiones se fundamenten de manera clara, que los criterios aplicados sean consistentes y que cada voto quede debidamente argumentado. El Concejo no está llamado a reemplazar a la Fiscalía ni a anticipar conclusiones penales, pero sí tiene la obligación de resguardar la credibilidad del proceso administrativo que está bajo su competencia.
Lo que ocurra este miércoles tendrá efectos concretos sobre contribuyentes y locales del rubro, pero también sobre la confianza pública en el municipio. Si las decisiones se adoptan con transparencia, trazabilidad y fundamentos verificables, el Concejo puede contribuir a contener el daño institucional en medio de una denuncia grave. Si, por el contrario, predominan las votaciones sin explicación suficiente o los cambios de criterio sin justificación pública, la jornada no solo dejará resoluciones administrativas: dejará nuevas dudas políticas.
Con una causa penal en curso, con menciones a concejales en la denuncia y con la afirmación de que en este proceso ya se habrían realizado dos pagos, la revisión de patentes de alcohol en Calama entra a una zona de máxima sensibilidad. Lo que hoy está en tabla no es solo una lista de trámites. Es una prueba de cómo responde la institucionalidad local cuando la probidad del sistema queda bajo sospecha.
Llegó el gato: La patente que incomoda en lo laboral.
Audios aquí: https://www.instagram.com/reel/DUs-ZUakRic/
Entre los casos que el Concejo revisará este miércoles aparece (Memo 187), contribuyente que apela al rechazo de renovación de patente de alcohol para el primer semestre de 2026. El punto adquiere especial gravedad porque este caso no llega en blanco: existe un antecedente público reciente sobre audios difundidos por ContraPunto que exponen insultos, humillaciones y amenazas económicas contra trabajadores de locales nocturnos vinculados a este entorno comercial.
La pregunta de fondo no es moralista, sino institucional: ¿puede el municipio tratar como un trámite más la renovación de una patente de alcohol cuando existen denuncias públicas de maltrato laboral y un clima de abuso al interior del negocio?
En términos simples: cuando un local aparece públicamente asociado a denuncias de trato humillante a trabajadores, la discusión sobre su patente deja de ser solo comercial. Pasa a ser también una discusión sobre probidad, idoneidad y responsabilidad pública. Y en un proceso que además está cruzado por una denuncia penal por presuntos pagos ilegales para facilitar renovaciones, el estándar no puede bajar: tiene que subir. La ciudadanía tiene derecho a saber si el municipio está evaluando únicamente papeles en regla o también la conducta real de quienes buscan mantener permisos para explotar el negocio del alcohol.