Patentes de alcohol bajo sospecha: denuncia activa investigación penal y policial en Calama
La denuncia publicada por Resonancia Diario (https://www.instagram.com/reel/DUlahvIgHWj/?igsh=dGhiajY3b2NmdHFt el pasado 10 de febrero no describe un conflicto administrativo menor. Según el testimonio entregado bajo estricta reserva de identidad existiría un mecanismo sistemático de cobros en efectivo para evitar multas y asegurar la obtención o renovación de patentes de alcohol en Calama.
El relato menciona la existencia de intermediarios que actuarían como gestores entre locatarios y autoridades, canalizando pagos que podrían alcanzar hasta 10 millones de pesos. La denuncia no se limita a señalar presiones informales: apunta directamente a la eventual participación de algunos concejales y funcionarios policiales dentro de un esquema que, de acreditarse, implicaría coordinación estable para influir en decisiones administrativas.
ContraPunto está en condiciones de confirmar que la causa se encuentra formalmente registrada bajo el RUC 2501864939-2 en el Ministerio Público. Pero el alcance va más allá de la existencia del número de causa.
De acuerdo con antecedentes recabados por este medio desde fuentes bajo reserva, la Fiscalía Local mantiene una investigación abierta y evalua solicitar apoyo técnico especializado a la Unidad Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Regional. La intervención de UNAC no es protocolar: se activa cuando la hipótesis investigativa involucra eventuales delitos contra la probidad administrativa, corrupción funcionaria o estructuras organizadas que puedan comprometer la función pública.
El encuadre penal posible
Si los hechos denunciados se acreditaran, podrían configurarse varias figuras del Código Penal chileno:
Cohecho pasivo propio (art. 248): cuando un funcionario público solicita o acepta beneficios económicos para ejecutar actos propios de su cargo.
Cohecho pasivo impropio (art. 248 bis): cuando el beneficio se vincula a actos lícitos, pero realizados bajo incentivo indebido.
Soborno (art. 250) respecto de quien ofrece o entrega la dádiva.
Tráfico de influencias (art. 240 bis) si se acreditara gestión indebida ante autoridades para alterar decisiones.
Eventual asociación ilícita (art. 292) si existiera estructura estable y coordinación para delinquir.
El elemento estructural que distingue esta denuncia de un hecho aislado es la mención a una red con intermediarios, pagos en efectivo y supuesta reiteración de la práctica. La reiteración, en derecho penal, no solo agrava, sino que puede modificar la calificación jurídica.
El momento institucional agrava el cuadro
La investigación se desarrollaría mientras el Concejo Municipal de Calama debe deliberar este mes la continuidad de diversas patentes de alcohol para 2026.
El otorgamiento o renovación de estas patentes no es discrecional en términos absolutos: se rige por la Ley de Alcoholes, por informes técnicos y por votación del órgano colegiado. Si existiera intervención indebida previa mediante pagos, podrían verse afectados no solo los funcionarios eventualmente involucrados, sino también la validez administrativa de actos adoptados bajo vicio de probidad. La denuncia presentada por Resonancia Diario menciona que para este proceso ya se habrían realizado dos pagos.
En términos administrativos, podrían configurarse infracciones graves a la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente al principio de probidad consagrado en su artículo 52, que exige conducta funcionaria intachable y desempeño honesto y leal de la función pública.
Carabineros bajo escrutinio interno
Fuentes aseguran además que las Secciones especializadas de Carabineros ya manejan los antecedentes y mantendrían investigaciones administrativas en curso respecto de algunos funcionarios policiales por los mismos hechos denunciados.
Esto supone la activación paralela de responsabilidad penal y disciplinaria. En el ámbito institucional, las investigaciones internas pueden derivar en sumarios administrativos, suspensión de funciones o incluso desvinculación si se acreditan faltas graves al régimen disciplinario.
La coexistencia de investigación penal, investigación interna policial revela que el caso ya superó la fase de denuncia mediática.
Antecedentes recientes tensionan el sistema
Hace pocos meses, la Delegación Presidencial Provincial denunció por cohecho a un funcionario municipal por presunta filtración de información privilegiada sobre fiscalizaciones a locales nocturnos. Ese caso ya había instalado cuestionamientos respecto del uso indebido de información sensible en materia de control y patentes.
La actual investigación amplía la hipótesis: no se trataría solo de filtraciones, sino de eventuales pagos destinados a condicionar decisiones administrativas y neutralizar sanciones.
Proceso municipal en curso respecto de patentes 2026.
En términos jurídicos, si se acreditaran los hechos, el impacto no sería exclusivamente individual. Podría comprometer actos administrativos, generar nulidades, abrir acciones civiles de repetición y afectar responsabilidades políticas.
En términos institucionales, el sistema completo de otorgamiento y fiscalización de patentes quedaría bajo revisión estructural.
El estándar probatorio lo definirá la Fiscalía, pero después de la excesiva demora en el caso COMDESGATE no son pocos los que ven con escepticismo el desarrollo de este caso.
Las dudas, en cambio, ya están instaladas en el debate público.