DOM de Calama bajo la lupa: Sumarios, conflictos de interés y un liderazgo técnico que concentra las dudas
El Estadio Zorros del Desierto es el antecedente más visible, pero no el único, en una trama administrativa que hoy vuelve a tensionar a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Calama. Los hallazgos de Contraloría sobre permisos, estándares urbanísticos y controles internos no se limitan a una obra emblemática: describen un conjunto de decisiones y prácticas que, vistas en su conjunto, instalan dudas razonables sobre cómo se ha ejercido el control técnico en el municipio.
Según fuentes consultadas, la responsabilidad del Director de Obras Municipales, Luis Alfaro Jaime, aparece como un punto clave para comprender este entramado. No como un hecho aislado ni como una imputación cerrada, sino como el eje de una estructura donde confluyen autorizaciones cuestionadas, conflictos de interés detectados por el órgano fiscalizador y sumarios administrativos que han escalado a la agenda pública. El estadio es un antecedente más relevante, sí dentro de un cuadro mayor que hoy pone el foco en la DOM como unidad y en su conducción técnica.

El aún no inaugurado estadio de Calama.
Contraloría estableció que el Estadio Zorros del Desierto fue autorizado como equipamiento mayor, categoría que exige enfrentar vías expresas o troncales. Sin embargo, al revisar las vías colindantes, el propio informe concluyó que no correspondía autorizar el permiso, dado que las avenidas involucradas calificaban como vía local y vía de servicio, aplicando criterios supletorios de la OGUC ante la falta de clasificación expresa en el plan regulador¹.
A ello se sumó la altura aprobada: el permiso permitió 15,8 metros en una zona donde el PRC fijaba un máximo de 3 pisos (10,5 metros). El dato no es menor: el informe favorable del revisor independiente dejó ese ítem como "Pendiente", por incumplimiento del instrumento de planificación².
Pero el punto más sensible fue el origen jurídico del permiso. El estadio fue autorizado bajo la figura de construcción provisoria (art. 124 LGUC). El informe señala expresamente que no se advirtió el fundamento técnico que justificara esa decisión, considerando que se trataba de una obra pública con financiamiento FNDR y una vida útil estimada de 20 años⁴. La consecuencia es conocida: una obra pensada para décadas, amarrada a una figura transitoria, que abrió la puerta a recepciones parciales y regularizaciones sucesivas.
Más allá del estadio: permisos y control interno bajo la lupa
Los cuestionamientos no se agotan en el recinto deportivo. En una auditoría posterior, Contraloría examinó el funcionamiento de la DOM de Calama y detectó irregularidades en el otorgamiento y control de permisos de edificación: expedientes con antecedentes técnicos incompletos, diferencias entre lo aprobado y lo construido, obras en uso sin recepción definitiva y deficiencias en la verificación de requisitos estructurales.
Estos hallazgos no apuntan a un error puntual, sino a debilidades estructurales de control interno en la unidad técnica. Y en ese contexto, el rol del Director de Obras vuelve a ser central: por ley, es la autoridad responsable de dirigir, revisar y validar los actos administrativos de la DOM.
El conflicto de interés que sí quedó escrito
Uno de los puntos más delicados y expresamente consignado por Contraloría es la existencia de un conflicto de interés al interior de la DOM. El informe constató que una arquitecta revisora participó en la tramitación de un expediente ingresado por el arquitecto patrocinante con quien mantiene un vínculo personal directo, acreditado incluso por información del Registro Civil⁵.
El órgano fiscalizador recordó el deber de abstención y concluyó que la participación de la funcionaria resultaba improcedente, manteniendo la observación pese a las explicaciones entregadas por el municipio⁶. El hecho no se agota en la conducta individual: vuelve a poner en cuestión la capacidad de supervisión de la jefatura, es decir, de la Dirección de Obras.
Patrocinios desde dentro y el límite entre lo público y lo privado
En el mismo informe, Contraloría advirtió casos de patrocinio de proyectos privados por funcionarios municipales ante la propia DOM, una práctica que, según el órgano de control, podría comprometer la imparcialidad y tensiona el espíritu del artículo 13 de la LGUC y las normas de probidad administrativa⁷.
Aunque la determinación de responsabilidades específicas corresponde a los procedimientos administrativos, el hecho refuerza una idea incómoda: la DOM aparece expuesta a zonas grises donde la frontera entre función pública e intereses privados no siempre estuvo claramente resguardada.

Dinogate: la dimensión pública del problema
A este cuadro se sumó el llamado caso Dinogate, que llevó a la DOM y a su director al centro del debate público. La prensa local informó sobre suspensiones y sumarios administrativos, así como sobre el interés de Contraloría y otros organismos en esclarecer eventuales irregularidades vinculadas a proyectos municipales⁸.
En julio de 2024, se informó que el sumario administrativo habría concluido, quedando en manos de la autoridad comunal la determinación de sanciones⁹. Sin acceso público a la resolución final, el tratamiento responsable exige mantener el condicional; pero el dato relevante es otro: el caso confirmó que las alertas sobre la DOM no eran solo técnicas, sino también institucionales.
Un patrón que vuelve a apuntar a la dirección
Vistos en conjunto, los antecedentes configuran un patrón difícil de ignorar:
-
Un estadio autorizado con estándares urbanísticos cuestionados y un permiso provisorio sin fundamento técnico visible.
-
Irregularidades reiteradas en permisos de edificación.
-
Conflictos de interés detectados por Contraloría.
-
Patrocinios internos que tensionan la probidad.
-
Sumarios administrativos que escalaron a la agenda pública.
Según fuentes consultadas, en este entramado la responsabilidad del Director de Obras, Luis Alfaro Jaime, es señalada como un elemento clave para comprender cómo estas situaciones se produjeron y se sostuvieron en el tiempo. No se trata de una imputación cerrada, sino de una constatación: la dirección técnica de la DOM aparece como el nodo central donde confluyen decisiones, omisiones y controles fallidos.
El problema, entonces, no es solo el Estadio Zorros del Desierto ni un caso con nombre propio. Es el funcionamiento de la Dirección de Obras Municipales de Calama y la forma en que se ejerció su liderazgo técnico. Contraloría dejó trazados los puntos críticos; la prensa expuso los sumarios; y las dudas persisten.
Esta recopilación no expone ni sugiere sentencia. Expone antecedentes. Y a la luz de los documentos y procesos revisados, el foco se mantiene donde corresponde: en la DOM y en su director, cuyo rol según fuentes y hechos aparece como clave para entender un entramado administrativo que los habitantes de Calama (y posiblemente Cobreloa) sufren o sufrirán más adelante.
