Ingrato Ambiente Laboral: SECPLAC y DOC en el ojo del huracán por denuncias de maltrato sistemático, negligencia y acoso
La administración interna de la Ilustre Municipalidad de Calama atraviesa una severa crisis institucional tras la convergencia de dos graves episodios que exponen un presunto patrón de maltrato laboral, inacción institucional y vulneración de derechos hacia sus trabajadores. Aunque se desarrollan en reparticiones distintas, ambos casos han estallado de forma simultánea, dejando al descubierto falencias críticas en los protocolos de protección, prevención y acompañamiento a funcionarios municipales, así como en la gestión del clima laboral en el municipio de Calama.
Por un lado, el Concejo Municipal fue escenario de una cruda denuncia sobre la pérdida de un embarazo en la Dirección de Organizaciones Comunitarias; por otro, la administración enfrenta una demanda por $60.000.000 interpuesta por una profesional de la SECPLAC, quien acusa hostigamiento, espionaje informático y desacato de resoluciones médicas. Ambos hechos han reactivado el debate público sobre el clima laboral en el municipio de Calama, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de acoso laboral y la protección de la salud física y mental de los trabajadores del sector público.
Primer flanco: Pérdida de embarazo y denuncias en Organizaciones Comunitarias
La primera señal de alerta se encendió durante la sesión del Concejo Municipal de este lunes, según consignó una nota publicada por el medio local El Referente. En una intervención autorizada fuera de tabla, dirigentes sociales solicitaron formalmente al alcalde la salida del director de la Dirección de Organizaciones Comunitarias, apuntando a una presunta gestión deficiente, a un deteriorado clima laboral y a situaciones reiteradas de maltrato al interior del departamento, lo que, según indicaron, afecta directamente el trabajo con las organizaciones sociales de Calama.
En su exposición, la presidenta de la Junta de Vecinos Intirray, Maritza López, fue categórica al transparentar la crisis interna. Según detalla El Referente, la dirigenta sostuvo que la dirección ha mantenido una “nula gestión” con las organizaciones territoriales y afirmó expresamente que los funcionarios del área habrían enfrentado “situaciones de acoso laboral, persecución y constantes cambios de funciones”. Estas dinámicas, indicó López, habrían afectado tanto la operatividad del departamento como la calidad de la atención directa que reciben las agrupaciones de la comuna de Calama, profundizando la desconfianza hacia la administración municipal.
Posteriormente, el medio consigna que otra dirigenta expuso un caso calificado como “especialmente grave” por los asistentes. Durante su alocución, reveló la situación de una trabajadora de dicha unidad: “La funcionaria estaba embarazada, perdió su bebé porque la hicieron trabajar, cargar muebles, cargar cajas, y eso se les dio a conocer a él y no lo hizo válido”. Ante la crudeza de la declaración, la presidencia del concejo solicitó no exponer antecedentes personales de la trabajadora por la sensibilidad del caso, a lo que la dirigenta insistió, argumentando que la situación debía ser conocida por las autoridades para resguardar a quienes cumplen funciones en esa repartición municipal y prevenir nuevos episodios de presunto maltrato laboral.
El reportaje de El Referente detalla también la interpelación del concejal Claudio Maldonado a la administradora municipal, Diana Veas, consultando directamente si la administración había recibido una denuncia formal y si se había activado el protocolo de la Ley Karin frente a este presunto caso de maltrato laboral y vulneración de derechos. Veas explicó que la funcionaria involucrada le solicitó expresamente mantener en reserva su situación personal y que, hasta la fecha, no existe una denuncia ingresada bajo dicho protocolo. Además, aseguró que el municipio cuenta con apoyo psicosocial para sus trabajadores y que el cuestionado traslado de oficinas fue coordinado con personal destinado específicamente para las labores de carga y movimiento de mobiliario.
Esta respuesta generó reparos inmediatos en el concejal César Rojas, quien anunció que verificará directamente con la funcionaria la supuesta solicitud de reserva. “Me voy a comunicar con la funcionaria. Y si ella nos pidió la reserva, creo que vamos a tener problemas. Si nosotros como municipalidad no hicimos levantamiento, también creo que vamos a tener problemas”, afirmó Rojas, sentenciando que que las autoridades edilicias "debemos dar la cara antes que todos ellos" y cuestionando que el municipio no abordara oportunamente las inquietudes antes de que la crisis estallara públicamente.
Segundo flanco: Demanda por $60 millones en la SECPLAC y desacato a la Mutual
De forma paralela a la crisis en Organizaciones Comunitarias, el municipio, representado por el alcalde Eliecer Chamorro, enfrenta una contundente demanda de indemnización por daño moral, originada en la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAC).
.La acción judicial, ingresada en los registros del Poder Judicial bajo el RIT O-265-2026 fue interpuesta por la profesional titular del cargo de Asesor Urbanista, quien exige el pago de $60.000.000 tras ser diagnosticada con "Trastorno de Adaptación". El 12 de noviembre de 2024, la Mutual de Seguridad emitió la Resolución N° 5657113, calificando su cuadro como una Enfermedad Profesional provocada por la "Hostilidad de pares".
El documento judicial detalla una maquinaria de aislamiento y acoso que diferencia este caso del expuesto en el Concejo, revelando prácticas de vulneración administrativa extrema:
Desacato a orden médica:
Tras el diagnóstico, la Mutual de Seguridad ordenó al municipio "readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador" para alejar a la víctima del riesgo. La demanda acusa que la administración se ha negado a cumplir esta instrucción, argumentando que es "imposible" al tratarse de un cargo titular, obligando a la profesional a convivir diariamente con el entorno hostil.
Hostigamiento y boicot:El líbelo individualiza a ex jefaturas y funcionarios por cuestionar públicamente la autoridad de la arquitecta, devolver documentos sin justificación, frenar pagos y enviar consultas solapadas al MINVU para dudar de su idoneidad. Como castigo velado, se acusa una baja arbitraria en sus calificaciones de "trabajo en equipo" y "puntualidad", privándola además del uso del estacionamiento municipal.
Espionaje informático y difamación sexual
La demanda de la Asesora Urbanista incluye dos episodios que escalan a nivel de falta a la probidad e irregularidades graves:
Intrusión fraudulenta:La denuncia indica que un técnico informático se presentó en la oficina de la profesional con un disco duro para vaciar su computador institucional. Ante la negativa, el operario confesó que la instrucción provenía de un asesor del alcalde bajo la falsa premisa de que la funcionaria estaba "sumariada".
Ataques anónimos:El escrito narra que durante el año 2024, se enviaron correos masivos a funcionarios municipales acusando a la arquitecta de corrupción e imputándole denostaciones de índole sexual mediante una supuesta relación extramarital con otro directivo.
La demanda concluye subrayando la total pasividad institucional: pese a que la profesional informó formalmente de estos hechos al alcalde Chamorro y al Departamento Jurídico, nunca existió intervención ni apoyo.
Estas denuncias, al evidenciar la omisión frente a las denuncias de una trabajadora embarazada sometida a labores pesadas y el desacato a las resoluciones de la Mutual respecto a una profesional con diagnóstico clínico por acoso, proyectan una sombra insoslayable sobre los reales estándares de protección laboral al interior de la Municipalidad de Calama.
Las preguntas que la municipalidad dejó en visto.
1. Sobre la omisión del deber de actuar "de oficio" frente a la pérdida de un embarazoConsiderando que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República obligan a las autoridades a instruir investigaciones de oficio frente a hechos de extrema gravedad, ¿cuál es el sustento jurídico de la administración para no haber iniciado un levantamiento preventivo o sumario administrativo inmediato en la Dirección de Organizaciones Comunitarias?
2. Sobre el presunto desacato a la instrucción obligatoria de la Mutual de SeguridadRespecto a la demanda indemnizatoria ingresada por la Asesora Urbanista de la SECPLAC, la Resolución N° 5657113 de la Mutual de Seguridad diagnosticó una Enfermedad Profesional por "hostilidad de pares" y ordenó al municipio "readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador". ¿Bajo qué dictamen legal o facultad administrativa la Municipalidad ha justificado el incumplimiento sistemático de esta resolución médica obligatoria?
3. Sobre la denuncia de intrusión informática e irregularidades en el círculo de confianza. La mencionada acción judicial expone un intento de vaciado del computador institucional de la Asesora Urbanista, presuntamente instruido por un asesor del alcalde. ¿ha instruido el alcalde alguna investigación interna independiente para esclarecer el eventual uso abusivo de recursos municipales y amedrentamiento ?