El 2025 fue el año en que el SLEP Licancabur pasó de "nueva administración" a administración cuestionada. En Calama, dos establecimientos suspendieron clases por corte de energía eléctrica asociado a una deuda pendiente: la Escuela D-37 República de Bolivia y el Liceo A-25 Eleuterio Ramírez. A eso se sumaron alertas por deudas de agua y servicios básicos que tensionaron a comunidades escolares, abriendo un cruce público de responsabilidades entre sostenedores del periodo municipal y el SLEP ya instalado.

En paralelo, 2025 acumuló episodios que golpearon por otro flanco: acusaciones por sueldos impagos que derivaron en movilizaciones y reuniones de crisis con el gremio docente; y, de fondo, una narrativa instalada en la plaza pública sobre gestión interna, permisos colectivos y "feriados XL" cuestionados, en un servicio que recién había asumido el control educativo del territorio. En las últimas horas, esa discusión volvió a escalar con denuncias políticas que apuntan a remuneraciones directivas altas mientras existirían funcionarios con pagos pendientes.

Con ese telón de fondo, Contrapunto.info revisó ocho acciones judiciales recientes (tutelas, cobros y demandas laborales) aún en tramitación. Lo que sigue es relato de denuncias: no son fallos, no son condenas, pero sí un mapa de conflicto que muestra cómo el SLEP Licancabur está siendo arrastrado a tribunales por hechos que, de acreditarse, hablan de precariedad, desprotección y decisiones administrativas de alto costo. La revisión se hizo en base a causas visibles en el portal del Poder Judicial, consultadas el 08/01/2026, y a prensa local 2025. A pesar de que las fuentes son de libre acceso hemos omitido datos sensibles.

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Ocho causas visibles, problemas millonarios.

1.  - Calama.

En una tutela por vulneración de derechos fundamentales, la denunciante describe un clima de hostigamiento en escuela básica con episodios que sitúa en reuniones internas y espacios comunes del establecimiento. El relato incluye descalificaciones atribuidas a jefatura ("no la escuches", "defiende lo indefendible", "lado oscuro de la fuerza"), humillaciones públicas y un delicado episodio tras una caída dentro del recinto.

Lo más revelador por el símbolo que deja es el "cierre administrativo": la denuncia sostiene que, frente al conflicto, en vez de terminar el acoso, la salida propuesta fue reubicar a la docente a otro establecimiento . 

2. - Tocopilla.

Otra demanda describe maltrato sostenido: gritos, hostigamiento frente a estudiantes, amenazas por situaciones mínimas  y reasignaciones que la trabajadora interpreta como castigo. El caso sube de tono porque según se expone una Mutual habría determinado una afectación de salud atribuible a sus condiciones de trabajo y recomendado medidas que, a juicio de la demandante, no se implementaron.

Aquí también aparece el mismo gesto: el conflicto no se aborda en su raíz; se administra con cambios y presiones hasta que el vínculo se rompe. La acción judicial apunta precisamente a eso: la imposibilidad de seguir en el puesto bajo esas condiciones.

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Trama política y de prensa: dos funcionarios "de confianza" y el costo de quedar expuestos

3. - Calama, "pérdida de confianza" tras estallido mediático

Este caso merece tratamiento especial por lo que instala: la prensa como gatillo administrativo. La denunciante sostiene que el clima interno cambió tras una publicación que habló de redes de cercanía ("familia, amistad y política") y, desde ahí, se activa una lógica de "descompresión" por imagen del servicio.

Según el relato, se le habría pedido renunciar, se le habría impedido volver al trabajo y luego se formaliza el término anticipado por resolución, bajo el rótulo de cargo de confianza y "pérdida de confianza". Aquí el golpe no es solo laboral: es político. La tesis que empuja la demanda es clara: no se evalúa desempeño; se paga el costo de la exposición.

4. - Calama, del "gabinete" a Finanzas y luego el corte abrupto

El segundo caso "de confianza" dibuja una escena administrativa que, si se acreditara, es explosiva: el demandante detalla que fue profesional de gabinete, que renunció voluntariamente a ese rol para traspasarse a la Subdirección de Administración y Finanzas y desde mayo habría asumido funciones técnicas y subrogancia.

El punto crítico: se describe una resolución "extemporánea" que formaliza un nombramiento retroactivo por dos meses y el mismo día termina el vínculo. Además, el relato habla de un "despido fáctico": bloqueos de accesos y correo antes o sin comunicación clara, más el impacto familiar asociado (mudanza, desarraigo).

El subtexto vuelve a ser el mismo: cuando el servicio entra en crisis pública, los cargos de confianza se vuelven desechables. No es un juicio; es el patrón que denuncian.

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El caso del profesor del interior.

5. - Comuna de San Pedro de Atacama

El caso es de los que duelen por geografía y por abandono. La tutela describe episodios de violencia atribuidos a apoderados dentro del contexto escolar, con un foco en la obligación del empleador de resguardar integridad de los funcionarios.

Y viene lo clave: tras un episodio de salud, el relato sostiene que el SLEP ofreció traslado hacia Calama, pero sin solución para el retorno al interior (tres horas de distancia), dejando al docente enfrentado a costos y logística en una zona donde la ruralidad no perdona. En su presentación, además, se acusa que hubo plazos fijados para iniciar procedimientos y que, al momento del libelo, no se habrían activado.

En resumen: no solo se denuncia violencia; se denuncia desprotección institucional en un lugar donde, si el Estado no responde, nadie responde.

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Sueldos, bonos y finiquitos: la otra guerra (la de la plata)

6.  - María Elena.

Este es el caso de la crudeza simple: la trabajadora sostiene que en enero le pagaron; siguió trabajando, firmó asistencia, recibió tareas (incluye rol con JUNAEB), pero no le pagaron febrero y marzo. En el relato, la respuesta administrativa habría sido aún más insólita: decirle que "no era trabajadora del SLEP" pese a los propios actos del servicio.

7.  - Calama.

Aquí el conflicto se centra en la Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) y en el finiquito. La demanda sostiene que se le negó el bono y que se discutió un finiquito "en cero", y pide condena al pago de BRP adeudado en tramo municipal y tramo SLEP, además de nulidad del despido y remuneraciones hasta convalidación si procede.

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Condiciones de trabajo: cuando la dignidad se mide en recreos, té y un escenario

8. - Tocopilla

En otra demanda de autodespido, se describen condiciones de trabajo que, de acreditarse, son demoledoras: turnos sin descanso real, colaciones sin condiciones, y un episodio simbólico que no necesita adorno: la trabajadora afirma que la obligaban a almorzar en el escenario del gimnasio. El relato suma un incidente de consideración según consta en el escrito y denuncia de sobrecarga laboral.

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El costo: cuánto arriesga el SLEP Licancabur en juicios laborales

En estas ocho causas revisadas, solo en montos expresamente cuantificados (sin sumar reajustes, intereses, costas, ni lo que pueda derivarse de nulidades del despido y remuneraciones hasta convalidación), la exposición llega aproximadamente a $204.975.439.

Y si el SLEP se está jugando plata en tribunales, también se está jugando su conducción. Porque la crisis ya tiene un rostro: el director ejecutivo José Martínez Chiguay. Su administración viene siendo cuestionada públicamente desde más de un frente. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, lo ha emplazado por fallas operativas y continuidad del servicio; el gobernador Ricardo Díaz ha expresado reparos al desempeño del servicio; y desde el Congreso los diputados Jaime Araya y José Miguel Castro han levantado críticas públicas que van desde la falta de respuestas institucionales hasta cuestionamientos por prácticas internas como los llamados "feriados XL".