Una millonaria demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama destapa supuestas simulaciones contractuales en la cadena de subcontratación de la gran minería. La Inspección del Trabajo ya constató las anomalías, otorgando una ventaja táctica clave a los trabajadores, mientras la estatal busca redefinir la causa mediante recursos procesales.

Una compleja encrucijada jurídica y corporativa mantiene bajo estricto escrutinio a la corporación estatal Codelco, a su firma colaboradora Finning Chile S.A., y a la contratista Laborce EST SpA. El conflicto, que se tramita ante los tribunales laborales de la Región de Antofagasta, expone las persistentes tensiones en torno al régimen de subcontratación y las condiciones de precarización en las faenas mineras del norte del país.

De acuerdo con los antecedentes contenidos en el expediente judicial de la Causa Rol T-420-2025, radicada en el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, un grupo de 23 ex trabajadores ha interpuesto una acción judicial de envergadura. La demanda exige el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales que, en su conjunto, superan los 550 millones de pesos, luego de verse afectados por una serie de despidos masivos ejecutados por la firma empleadora directa.

El informe de la DT

El núcleo de la argumentación jurídica apunta a la presunta implementación de un esquema fraudulento bajo la modalidad de contratos por servicios transitorios "mes a mes". Según el libelo, esta figura legal habría sido utilizada para encubrir lo que, en la práctica cotidiana, constituía una relación laboral de carácter no definido y permanente.

Este planteamiento cuenta con un respaldo institucional lapidario: la intervención de la Dirección del Trabajo (DT). De acuerdo con los informes emanados del organismo fiscalizador y que ya son parte del juicio, la Inspección constató en terreno las irregularidades denunciadas, ratificando que las tareas del personal catalogadas en el papel como "esporádicas" eran labores continuas dentro del engranaje productivo. El documento oficial describe cómo la figura de "servicios transitorios" habría sido utilizada de forma reiterada, exponiendo prácticas severamente cuestionadas en la administración moderna y por los sistemas de cumplimiento.

En la legislación laboral chilena, este documento no es un simple antecedente. Los fiscalizadores de la DT actúan bajo la calidad de ministros de fe, lo que otorga a sus constataciones una presunción legal de veracidad. Este factor podría incidir drasticamente el escenario del juicio. En otras palabras, ya no son los 23 trabajadores quienes deben demostrar que el contrato era una treta laboral. Ahora, son Codelco, Finning y Laborce quienes tienen la obligación legal de demostrar que la DT se equivocó al interpretar la Ley de Servicios Transitorios, si se comprueba que un trabajador operaba en labores permanentes bajo un contrato transitorio irregular, la justicia puede determinar que es, a todos los efectos legales, un trabajador indefinido de la empresa usuaria.

Medidas cautelares y el congelamiento judicial de fondos 

Es precisamente el peso probatorio del informe fiscalizador lo que explicaría en parte las actuales diligencias en tribunales. Sabiendo que enfrentar el debate de fondo contra una constatación de la DT es un riesgo altísimo, en la práctica jurídica de la plaza recursos como la excepción interpuesta —que paralizó este caso argumentando la independencia legal de las divisiones de Codelco— suelen ser leídos como estrategias de contención para ganar tiempo o llegar a acuerdos, evitando así una sentencia condenatoria que siente un mal precedente para la industria.

Paralelamente, el conflicto ya ha golpeado los flujos financieros de la cadena. Según consta en el expediente, la empresa usuaria Finning Chile S.A. aplicó internamente una millonaria retención de pagos a Laborce SpA por más de 549 millones de pesos, argumentando sucesivos incumplimientos de esta última. Lejos de dejar pasar este antecedente corporativo, la representación legal de los trabajadores utilizó esta misma retención como evidencia para exigir a la justicia una medida precautoria formal.

Tal como consta en los registros públicos del tribunal, el juzgado fue instado a congelar esos montos y derivarlos a la cuenta del tribunal para asegurar que exista patrimonio disponible frente al inminente impacto financiero de un fallo condenatorio, previniendo así que los trabajadores queden a la deriva ante un eventual vaciamiento patrimonial de la contratista directa.

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La presente nota periodística constituye un reporte informativo e investigativo elaborado de manera estricta sobre la base de fuentes abiertas, registros públicos e información de libre acceso contenida en el sistema de tramitación del Poder Judicial de la República de Chile y de la Dirección del Trabajo. Las afirmaciones, imputaciones y calificaciones de índole jurídica vertidas en este artículo corresponden a las tesis sostenidas por las partes litigantes en la causa Rol T-420-2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, y no representan un juicio de valor ni dictamen de culpabilidad definitivo por parte de este medio.