Indignado en Facebook, permisivo en la DOM: Lo que ocultó Eliecer Chamorro al interpelar a Minera El Abra.
El pasado lunes 7 de septiembre, a través de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde de Calama notificó públicamente a Minera El Abra por el "no pago" correspondiente a un permiso de construcción. Sin embargo, el mensaje emitido por la autoridad omitió el origen documentado de esta deuda. Según el Seguimiento al Informe Final N° 764 de 2025 de la Contraloría General de la República, la falta de pago no respondió a una evasión inicial de la empresa, sino a un error de cálculo cometido por la propia Dirección de Obras Municipales (DOM). El dictamen, además, expone una serie de plazos vencidos y normativas no aplicadas que terminaron favoreciendo a las instalaciones de la minera.
El origen de la deuda: Un error interno
Mientras la municipalidad exigió públicamente el cumplimiento de los pagos, la página 24 del informe de Contraloría detalla que fue la DOM la que aplicó cobros inferiores al momento de emitir los permisos. Esta diferencia, que generó ingresos no percibidos por un total de $6.103.414, se debió a errores municipales en la determinación de superficies, presupuestos y tablas de costos. El documento precisa en su numeral 14 que el grueso de este monto corresponde precisamente a un permiso de Minera El Abra, donde la DOM se equivocó en el cálculo por $6.045.771 a favor de la empresa.
La Contraloría también dejó constancia de contradicciones en los registros financieros de la DOM. En la página 6, el informe advierte una diferencia de $3.768.897 entre los dineros percibidos físicamente y los anotados en el sistema informático (INSICO). El organismo fiscalizador determinó que la DOM simplemente no emitió las órdenes de ingreso correspondientes.
Cobro sobre permisos que debieron anularse.
El contraste entre la exigencia pública y el expediente administrativo se profundiza al revisar la validez legal de los permisos cuestionados. El municipio se enfocó en cobrar el saldo pendiente de las obras de Minera El Abra, pero el informe revela que dichos permisos fueron otorgados de manera irregular, al no contar con el Informe Favorable de Construcción (IFC) de la SEREMI MINVU (página 11).
Por este motivo, en diciembre de 2025, Contraloría instruyó al municipio evaluar la invalidación de estos actos bajo el Artículo 53 de la Ley 19.880 (página 12). No obstante, el ente contralor dejó por escrito que la DOM actuó con "falta de diligencia": el municipio no inició los procesos requeridos y dejó vencer el plazo legal de dos años (en abril de 2026). Al omitir esta acción, la municipalidad consolidó administrativamente los permisos irregulares, perdiendo la facultad de anularlos.
El estándar vecinal y la inacción ante la minera
En su publicación, el alcalde exigió a las empresas cumplir con sus obligaciones "tal como lo hacen diariamente nuestros vecinos y vecinas". La documentación oficial, sin embargo, muestra que los procedimientos aplicados a la minera difieren de la norma estándar.
La Contraloría constató en terreno (página 22) que instalaciones críticas de Minera El Abra —como truck shops y casas de cambio— se encuentran operando ilegalmente sin contar con la recepción definitiva. Ante esta infracción, que faculta la aplicación del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (multas, inhabilitación o clausura), el municipio tomó otro camino: la página 23 detalla que la DOM accedió formalmente a la solicitud de la empresa de "no clausurar las instalaciones", permitiendo que se mantengan operativas mientras tramitan los documentos faltantes.
A raíz de estas omisiones y la inobservancia de los requerimientos, el informe concluye en su página 28 que la Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas al interior de la municipalidad.