La DOM autorizó a Codelco a construir el doble de lo permitido, sin que el MINVU estuviera al tanto.
Si el discurso público de "mano dura" contra las mineras ya había quedado en entredicho tras descubrirse el especial trato a Minera El Abra, un nuevo antecedente del mismo informe de Contraloría sepulta definitivamente el relato municipal. El considerado trato en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Calama no solo benefició a la minería privada, sino que también se extendió a la minería estatal: la DOM le aprobó a Codelco un permiso para construir casi el doble de los metros cuadrados autorizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y nuevamente, el municipio dejó vencer los plazos legales para evitar anular la irregularidad.
El "estirón" irregular a la vista de todos
De acuerdo con el seguimiento al Informe Final N° 764 de 2025 de la Contraloría General de la República, la DOM de Calama aprobó un permiso de edificación el 30 de abril de 2024 a favor de la empresa Codelco Ltda. Sin embargo, el ente fiscalizador detectó que la municipalidad otorgó esta autorización sin verificar que el proyecto concordara con el Informe Favorable de Construcción (IFC) emitido por la SEREMI MINVU en el año 2019.
Las diferencias detectadas por Contraloría no son errores menores. El documento oficial detalla discrepancias abismales entre lo que visó el MINVU y lo que finalmente aprobó el municipio: la superficie de la obra saltó de 969,7 m2 a 1.895,13 m2, la altura se elevó de 2 a 3 pisos, y se alteró significativamente la volumetría del proyecto.
Consultada por Contraloría, la propia SEREMI MINVU fue categórica: estas modificaciones estructurales obligaban a la emisión de un nuevo IFC o a un ajuste del existente, trámite que Codelco no realizó y que la DOM omitió exigir antes de darle luz verde al proyecto.
Gestiones inútiles y el salvavidas del Artículo 53
Ante el hallazgo, el municipio intentó justificar su accionar demostrando que en febrero de 2026 le solicitó al arquitecto patrocinante la tramitación del documento faltante. Sin embargo, la Contraloría desestimó esta acción, calificándola como una gestión ex post (tardía) que no corrige la grave falta de haber otorgado un permiso sin los requisitos legales previos e indispensables para su aprobación.
Pero el patrón de comportamiento de la administración municipal frente a estas graves fallas es lo que más llama la atención. Al igual que ocurrió con Minera El Abra, el municipio optó por la inacción administrativa. El informe señala que la municipalidad no evaluó oportunamente iniciar un procedimiento de invalidación de este permiso viciado, tal como lo exige el Artículo 53 de la Ley 19.880.
La Contraloría dejó por escrito que la administración actuó con "falta de diligencia", ya que, teniendo pleno conocimiento de la situación y tiempo suficiente para actuar, no adoptó medidas concretas dentro de la oportunidad legal.
Una vez más, la contradicción es evidente. Mientras en redes sociales se exige a las grandes empresas cumplir con la ley "como cualquier vecino", en las oficinas de la municipalidad se aprueban ampliaciones irregulares al margen de la norma ministerial y se permite que los plazos legales expiren, consolidando administrativamente el muy especial y considerado trato otorgado a la gran minería.