El Informe Final N° 262 de la Contraloría destapa la crisis administrativa más grave de la actual gestión municipal. Con un permiso de edificación vencido y extinto desde 2016, que hace casi imposible su regularización a corto plazo, el ente contralor ordenó la prohibición a la Municipalidad de Calama para usar o permitir el uso del recinto de avenida Matta. Ante los graves hallazgos y el despilfarro de recursos, el municipio optó por el silencio, sin lograr desvirtuar las observaciones que hoy exponen a la ciudad a perder la localía de su histórico club.
El dictamen es definitivo y no deja margen de maniobra. El Informe Final de Investigación Especial N° 262 de la Contraloría Regional de Antofagasta ha documentado una negligencia administrativa sistemática sobre el Estadio Municipal "Zorros del Desierto", revelando un escenario crítico que acorrala a la administración del alcalde Eliecer Chamorro y sus predecesores que impacta directamente en el corazón deportivo de la comuna.
El nudo crítico y más complejo de resolver radica en la condición del permiso de edificación. El documento acredita que la autorización original del año 2013 fue otorgada de manera provisoria bajo el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), con un plazo máximo de tres años. Dicho plazo venció el 3 de julio de 2016 sin que existiera una prórroga por parte de la SEREMI del MINVU, por lo que el permiso se encuentra administrativamente extinto.
Al no existir un permiso vigente, la edificación queda en el aire. La gravedad de este hecho es que imposibilita subsanar las observaciones mediante parches administrativos; habilitar legalmente el recinto requeriría un proceso de regularización desde cero, chocando con un Plan Regulador Comunal que la propia Asesoría Urbana y la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAC) han sido incapaces de modificar con éxito tras gastar cientos de millones en consultorías. A corto y mediano plazo, la habilitación legal del estadio es un callejón sin salida.
Frente a la contundencia de las pruebas expuestas en el preinforme, la defensa de la Municipalidad de Calama fue nula o ineficaz. La Contraloría dejó constancia expresa en sus conclusiones de que la entidad edilicia "no aportó antecedentes que permitan salvar las observaciones planteadas... por lo que se mantienen todas".
La ausencia de respuestas y justificaciones se agrava al revisar el gasto de $150.000.000 desembolsado para el evento "Museo de la camiseta y partido de leyendas" de enero de 2026. La municipalidad autorizó, adjudicó y pagó este evento en un recinto inhabilitado. Ante este hallazgo calificado como "Altamente Complejo", el informe señala tajantemente: "El municipio en su respuesta, no se pronunció respecto de la situación objetada, ni aportó antecedentes relacionados con los hechos descritos".
La Contraloría ya fijó la mira en los responsables de este descalabro. El informe anuncia la instrucción de sumarios administrativos para perseguir las responsabilidades de las unidades intervinientes. Los dardos apuntan directamente a la Dirección de Obras Municipales (DOM) por vulnerar su obligación legal de fiscalizar el recinto y permitir su uso ilegal por una década, y a la SECPLAC, por aprobar la conformidad de eventos millonarios sin verificar previamente las condiciones legales mínimas del recinto.
Prohibición, Inhabilidad y Desalojo: El golpe a Cobreloa
La consecuencia de esta seguidilla de omisiones y del riesgo a la seguridad pública evidenciado en 196 partidos de fútbol autorizados irregularmente y accidentes graves como la caída de una pantalla gigante sobre una hincha se traduce en órdenes drásticas que recaen sobre la máxima autoridad comunal.
El informe establece dos directrices que representan un misil al alma deportiva de la ciudad:
Como ya habíamos advertido en nuestras páginas y en colaboración con Cancha y Calle Antofagasta con el reportaje "Zorros del desierto en peligro ante la impasividad de casi todos", (febrero 2026) la permanencia de Cobreloa en su histórica casa pendía de un frágil y cuestionable hilo administrativo. Formalmente, el club loíno utiliza el recinto al amparo de un vínculo contractual directo con el municipio: el contrato de arriendo N° 4, suscrito originalmente el 23 de enero de 2015, y que la actual administración ha mantenido vigente para este año 2026. Mediante este instrumento jurídico, y a través de autorizaciones sucesivas emanadas desde la entidad comunal para cada evento masivo, el equipo ha podido ejercer su localía para los encuentros del fútbol profesional. Hasta hoy, este contrato opera como el salvoconducto legal que permite abrir las puertas del estadio cada fin de semana.
Sin embargo, el reciente y lapidario dictamen de la Contraloría vuelve este mecanismo absolutamente obsoleto e inaplicable. Al ordenar de manera imperativa que la Municipalidad de Calama "deberá abstenerse de autorizar o permitir la utilización de recintos sin permiso de edificación vigente ni recepción definitiva", el contrato de arriendo se convierte de facto en letra muerta. Desde la notificación de este informe, cualquier firma del alcalde o de un funcionario municipal que valide este arriendo o autorice el ingreso del club para un nuevo partido constituiría un desacato directo y frontal al ente fiscalizador. Administrativamente, el municipio ha perdido la potestad legal para seguir cediendo su propio estadio bajo esta fórmula, dejando a Cobreloa sin piso jurídico para utilizarlo y consumando el escenario más temido: la pérdida obligada de la localía naranja producto de la negligencia municipal.
Administrativamente, el municipio está en un entramado insalvable. Si el alcalde cumple con el mandato del ente contralor y aplica la ley, debe inhabilitar de inmediato el Estadio Zorros del Desierto. Esto despojaría a Cobreloa de su localía en medio del campeonato, obligando al club a abandonar la ciudad producto de la desidia de los departamentos municipales encargados de cautelar el patrimonio y la legalidad de los bienes públicos de Calama.
El reloj administrativo ha llegado a su límite. La investigación e informe de la Contraloría Regional despoja a la actual gestión de cualquier margen de maniobra política, reduciendo la crisis a un imperativo legal ineludible. La inoperancia técnica para regularizar el principal recinto de la comuna, coronada por un silencio institucional frente a los gravísimos hallazgos del ente fiscalizador, ha arrinconado a la Municipalidad. Hoy, la administración enfrenta un escenario sin salida: ejecutar la clausura y desalojo de su propio estadio para cumplir el mandato legal, o arriesgarse a configurar un notable abandono de deberes. En cualquier caso, el costo del descalabro interno ya está endosado, y sería la ciudad y su histórico Cobreloa quienes paguen el precio final, perdiendo su localía a manos de la negligencia administrativa de sus propias autoridades.
El Informe Final N° 262 de la Contraloría destapa la crisis administrativa más grave de la actual gestión municipal. Con un permiso de edificación vencido y extinto desde 2016, que hace casi imposible su regularización a corto plazo, el ente contralor ordenó la prohibición a la Municipalidad de Calama para usar o permitir el uso del recinto de...
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